Reforma educativa
Por lo mismo, en esta época de cambios es imposible pensar a las escuelas sin reforma alguna. Sin embargo, las escuelas normales no nacieron por decreto, sino en respuesta a una necesidad social de nuestro país.
En este sentido, y para efectos de una investigación que actualmente se desarrolla en la Secretaría de Educación Jalisco relacionada con la cultura de investigación en comunidades de docentes de educación superior, interesa identificar desde la dimensión de la historia oficial, algunos puntos cruciales que son complementarios para la comprensión de sentido, tanto para las dimensiones fáctica y simbólica como para el nivel macro social.
De esta manera, las dimensiones antes señaladas configuran un modelo de análisis de la realidad social para interpretar las reformas educativas actuales, que están relacionadas de manera directa con procesos de investigación educativa.
Dominio intelectual pedagógico, 1824-1908
Atender esta dimensión histórica de la realidad social supone construir series de hechos en los que podamos transitar de una regularidad a otra. De esta manera la información proporcionaría significantes destinados a formar, de un modo narrativo, una serie de elementos significativos (De Certeau, 1993) que apoyarían como soporte hipotético de una ordenación a lo largo de un eje cronológico o a una simple localización en desorden.
En México, la educación pública ha sido uno de los pilares de la política social, el Estado impulsó cambios trascedentales en la concepción y organización de los servicios educativos con la intención de mejorar la calidad y ampliar las oportunidades de acceso a un número cada vez mayor de mexicanos.
Distintos gobiernos han establecido una serie de acuerdos para impulsar la modernización y aumentar la calidad educativa (en 1992 el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica –ANMEB-; en agosto de 2002 se firmó el Compromiso Social por la Calidad de la Educación; en mayo de 2008, el gobierno federal lanzó la Alianza por la Calidad de la Educación). El sistema educativo nacional es complejo, ha sufrido un proceso de descentralización, que presenta una simbiosis atípica entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La Constitucion general de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de todo individuo a recibir educación y establece la obligatoriedad desde preescolar hasta el nivel medio superior (la primaria en 1917, la secundaria en 1993, el preescolar en 2002 -de forma escalonada- y la media superior en 2012); sin embargo, como lo señala el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), “la decisión de ampliar la obligatoriedad generalmente se ha realizado sin antes tomar en cuenta temas como la forma de implementación, ni las condiciones operativas necesarias para llevarlo a cabo, lo que ha llevado a que los resultados contribuyan a mantener las desigualdades existentes, en lugar de reducirlas”.
Por su parte, la Ley General de Educación ha tardado en ser modificada adecuadamente para estar acorde a las obligaciones establecidas en la Constitución; por ejemplo, la inclusión de la obligatoriedad de la educación preescolar se realizó casi dos años después de la reforma constitucional mediante la publicación de un conjunto de reformas a diversos artículos con este objetivo.
Más aún “el establecimiento del carácter obligatorio de la educación no se ha traducido todavía en la universalización de oportunidades de acceso, permanencia y logro escolar; aun se registran problemas considerables en el tránsito de primaria a secundaria, en la permanencia y su conclusión, y en el logro de los aprendizajes esperados”.
Continuando con la Ley General de Educación vigente promulgada el 13 de julio de 1993, entre otras cosas, redefinió las atribuciones educativas de cada uno de los órdenes de gobierno. Esta normatividad hasta la fecha ha sufrido 24 reformas a una variedad de artículos, sobre diversos temas.
La primer reforma a dicha ley fue realizada siete años después de su publicación en el DOF, en materia de educación especial (art. 41), buscaba especificar los medios y materiales necesarios para la integración de los menores de edad con discapacidades a los planteles de educación básica regular (DOF del 12 de junio de 2000); para el 2009, este artículo se reformó nuevamente para establecer lineamientos de atención a personas con aptitudes sobresalientes.
Una reforma de vital importancia fue la realizada al artículo25 de esta Ley el 30 de diciembre de 2002, pues introdujo la obligación estatal de destinar un gasto en educación pública no menor al 8% del PIB, del cual al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. Este es un avance importante de no regresividad en el derecho a la educación, sin embargo la realidad muestra que el objetivo no se ha logrado a pesar de presentarse avances al respecto: se pasó del 4.1% del PIB en 1990 a 6.4% en 2011, de los cuales solamente el 5% correspondió a la inversión pública y el 1,4% restante al sector privado.
La intención de fortalecer la investigación científica y tecnológica continúa mostrándose en otras reformas al art. 9 y 14 de la Ley, al establecer la obligación estatal de apoyarla, promoverla y fomentar su enseñanza y divulgación, así como difundir la cultura nacional y universal.
Continuando con el uso de los recursos educativos, otra reforma a la Ley estableció como mecanismo de trasparencia y rendición de cuentas, la obligación de los gobiernos de cada entidad federativa de publicar (en su respectivo diario oficial) los recursos que la Federación le transfiera para la prestación de servicios y demás actividades educativas en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.
Otro tema que ha sufrido ajustes son las cuestiones indígenas. Junto con la creación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el 13 de marzo de 2003, se modificó la fracción IV, del artículo 7o., de la Ley General de Educación para establecer el respeto de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, así como el derecho de tener acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español. Para 2010, cambian los art. 21 y 33 mediante, los cuales permiten a los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, el participar en programas de capacitación, autorizados por la autoridad educativa, y certificar su bilingüismo para ejercer la docencia.
Además, se establece que las autoridades educativas atenderán de manera especial a las escuelas de comunidades indígenas, entre otras, y que se proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas en donde asista mayoritariamente población indígena (art. 33).
En materia ambiental, se reformaron los artículos 7 y 48 de la ley para afirmar como elementos esenciales de la sociedad la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la valoración de la protección y conservación del medio ambiente, además de la necesidad de la prevención del cambio climático, su mitigación y la adaptación ante sus efectos.
Casi un año después de la publicación de la y el libro, se establece en la L ley de fomento para la lectura ley General de Educación que la educación tendrá entre sus fines la promoción y el fomento de la lectura. Los fines de la educación han sido ampliados en distintos años y han significado su ampliación a diversos temas como son: la promoción de una cultura de paz y no violencia, el conocimiento de los derechos humanos y su difusión; y la obligación de las instituciones educativas de generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia; la promoción de la educación en materia de nutrición; el propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; el fomento de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.
Un conjunto importante de reformas a distintas leyes fue publicado el 19 de agosto de 2010, mediante la cual se tipifica el delito de pederastia y se establecen procedimientos de denuncia, reparación e indemnización, se busca salvaguardar y defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Además de las modificaciones a la Ley General de Educación se reformaron el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público,
Por último, el 28 de enero de 2011 se publicó otro conjunto de reformas a la Ley, producto de la discusión y revisión de 24 iniciativas presentadas en el Senado de la República. Su propósito fue mejorar las condiciones generales bajo las que se presta el servicio educativo, impulsar la participación de diversos actores sociales otorgando las herramientas necesarias para mejorar la calidad, cobertura y equidad en el proceso educativo; promover que la educación propicie la cultura de la legalidad; el ejercicio responsable de la sexualidad, el establecimiento de un sistema nacional de información educativa, y el uso de recursos tecnológicos y didácticos disponibles, la formación continua de docentes, la ampliación de opciones, de formación y actualización y superación de los maestros, entre otros.
A pesar de todos estos intentos de adecuación de la normatividad a la realidad y a las necesidades de la población mexicana, “la política educativa debería asumir un enfoque que se base en el derecho a la educación para definir sus programas y acciones”; el panorama educativo presenta muchos retos aún pues “ha perdido su potencial integrador para los jóvenes y se ha devaluado su capacidad para garantizar la movilidad social, las expectativas laborales se han vuelto inciertas”.
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